|
LUCHA DE CALLES. Los 90 x Gonzálo Vilca |
Está bien la acción del senador Gerardo
Morales: aquellos que tuvieron participación activa vinculada a la violación de
los Derechos Humanos en la última dictadura no pueden ocupar cargos en el
Estado democrático. Hace uno años, él también cuestionó un pedido de ascenso de
Rafael Braga, hoy condenado a cadena perpetua por los crímenes que cometió en
Jujuy, cuando era teniente,
Braga fue el responsable directo de la detención y posterior desaparición de
Julio Rolando Álvarez García. ¿Estas acciones son suficientes para afirmar que nuestra clase política
se encuentra comprometida con los trabajos de la memoria?
***
A mediados de los ochenta, Gerardo Morales,
por entonces líder indiscutido de Franja Morada, fue elegido por amplia
mayoría, presidente de la Federación Universitaria de Jujuy (FUJ). Por aquellos
años, algunos dirigentes que ahora forman parte del Partido Justicialista (PJ),
militaban en la agrupación universitaria de la Unión Cívica Radical, en la
Facultad de Ciencias Económicas. Hoy, con el título de Contador y con mala
memoria, uno de ellos es candidato a diputado nacional por el Frente para la
Victoria (FpV).
En el congreso de constitución de la
primera FUJ, los que formábamos parte de la minoría (integrada por
intransigentes y peronistas que nunca sacamos los pies del plato, aunque una
vez nos expulsaron del PJ) presentamos una moción para que aquellos que fueron
funcionarios de la dictadura no integren el gobierno de la Universidad Nacional
de Jujuy. Los muchachos de la Franja, por alguna razón que nunca explicitaron,
se opusieron. Como no había opción para discutir, ellos solicitaron votar la
moción. Tenían los votos suficientes por ser mayoría, pero nosotros solicitamos
que la votación sea nominal y cantada. Queríamos que no quedaran dudas de la
posición de cada uno. Y, créanme, no quedaron dudas.
Después, ya sabemos lo que pasó. Gerardo
(permítanme la confianza, ya que lo conozco desde aquella remota juventud) hizo
carrera como legislador provincial y nacional. La tarea que realizó en mantener
en la línea de flotación a la UCR fue muy importante: cuando nadie quería
hacerse cargo del desastre que dejó Fernando De la Rúa, él tomo el mando y
salvó la ropa.
Pero volvamos a los ochenta. En aquella
primavera alfonsinista, llegó a Jujuy, como jefe de un regimiento, un militar
imputado como responsable de la desaparición de un soldado. El hecho está
narrado en el libro de Guillermo Obiols, La
memoria del soldado. Sin embargo, ningún político local lo denunció.
Entre 1984 y 1986 funcionó, en la
legislatura provincial, una comisión extraordinaria para registrar casos de
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Esa comisión estuvo
presidida por Antonio Casali (UCR) pero se diluyó por las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida. Posteriormente, Casali brindo testimonio en el primer
juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy y sus argumentos no estuvieron a
la altura de la circunstancias.
Próspero Nieva (UCR), Gregorio Horacio
Guzmán y María Cristina Guzmán (Movimiento Popular Jujeño y funcionarios
durante la dictadura) formaron parte de los 124 legisladores que el 23 de
diciembre de 1986 aprobaron la ley de Punto Final. Julio “Pampero” Álvarez
García, detenido-desaparecido, era sobrino de Nieva; cuestión que puso en
apuros al legislador radical: la ley defendía, entre otros, a los torturadores
y asesinos de su pariente. El hecho muestra cómo algunos políticos privilegian
la disciplina partidaria antes que el compromiso familiar y social.
Durante los noventa, ningún político local
se interesó por las atrocidades cometidas durante la dictadura o, al menos, no
lo hizo públicamente. Es más, en febrero de 1996, Carlos Alfonso Ferraro, quien
había sido director provincial de Prensa en la dictadura, asumió como
gobernador. Y no sólo eso: también fue elegido presidente del PJ de Jujuy. Los
únicos que protestaron fueron los integrantes del Frente de Gremios Estatales y
los estudiantes que chiflaron a María Inés Haquím, esposa de Ferraro que había
sido nombrada directora del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los
Estudiantes. La sacó barata el ex funcionario dictatorial: fue condenado por el
delito de violación de los deberes de funcionario público con una pena menor.
La
falta de preocupación acerca de los DDHH, por parte de la clase política de
Jujuy, se evidenció públicamente el 10 de octubre de 2002. Ese día, en los dos
diarios locales, el gobierno provincial publicó un aviso institucional en el
que anhelaba “que los actos universales de la humanidad estén contenidos en el
respeto a la vida, la justicia, la paz y la democracia”. En la primera línea,
con letras más grandes, el aviso decía: “10 DE OCTUBRE: DÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS” (sic). Es decir, se adelantaron dos meses a la fecha de
conmemoración. No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta del lugar que
ocupa la problemática en cuestión en la agenda de los funcionarios del gobierno
de Jujuy. ¿Qué hizo la oposición? Mutis por el foro.
En el 2003, y de manera tardía, en Jujuy se
desarrollaron las audiencias públicas por el Juicio por la Verdad. El único
político que acompañó de manera activa fue Pablo Baca (UCR). Por entonces, los
medios de comunicación emitidos en Buenos Aires tenían sus agendas ocupadas por
otras cuestiones y nuestros políticos trataban de acomodarse a esos dictámenes.
Hace diez años, después de una feroz
represión en Libertador General San Martín en la que murió Marcelo Cuéllar,
renunció el jefe de la policía provincial, Carlos Carrizo Salvadores,
actualmente procesado en la causa de la Masacre de Capilla del Rosario,
ocurrida en Catamarca durante la dictadura. Como se imaginarán, ningún político
local cuestionó la designación que antes había realizado el gobernador Eduardo
Fellner (PJ), tampoco éste respondió a la declaración de amor con la que
Carrizo Salvadores se despidió: “Fellner es un gobernador de lujo”.
Justo es decir que la Legislatura local
sancionó, en el 2007, la Ley Nº 5516 referida al “Día Provincial de los
Derechos Humanos en la Provincia de Jujuy”, proyecto que fue presentado por
Pablo Baca y Miguel Tito (PJ), que posibilita, en los actos escolares,
rememorar el 20 de Julio como el día del primer apagón que ocurrió en
Libertador General San Martín y compromete seriamente a la relación de la
empresa Ledesma con los secuestros y desapariciones ocurridos en julio de 1976.
No casualmente, en tiempos más recientes,
en un allanamiento a oficinas de la empresa Ledesma personal de la Justicia
descubrió nóminas con personas consideradas peligrosas para la empresa. ¿Hace
falta aclarar que el peligro, para Ledesma, significa denunciar la complicidad
empresarial con la dictadura? No recuerdo haber visto el nombre de ningún
político, cuestión que no debe sorprendernos porque casi todos acompañaron, en
algún momento, el acto oficial de inicio de la zafra.
La designación del comisario Marcelo
Alejandro Voros, como jefe de la Policía Federal delegación Jujuy, fue
denunciada inicialmente por el portal de noticias La Voz de Jujuy y no por ningún político. Recordemos que Voros es
uno de los imputados por la presunta participación en la fuga del represor
Julián "Laucha" Corres, quien se “escapó” de la delegación de la
policía federal de Bahía Blanca. Rápidamente, los organismos de Derechos
Humanos de Jujuy solicitaron y lograron la remoción de Voros.
El pasado 25 de Mayo, en Tilcara, desfiló
un pelotón tras el banderín que destacaba “Operativo Independencia. En el palco
estaba la plana mayor del radicalismo que reaccionó tarde –muy tarde– y varios
días después repudió el paso militar que marchó frente a sus propias narices. Ese
día, Próspero Nieva, Gerardo Morales, Alberto Bernis y Mario Fiad estaban más
preocupados en “blanquear” la imagen del intendente Félix Pérez, quien días
antes había cometido el exabrupto de afirmar que jóvenes tilcareños son
semillas mal engendradas que necesitan mano dura; de esa manera, el intendente
respondía las denuncias de padres de jóvenes detenidos, quienes denunciaron a
la policía local por malos tratos y abuso de autoridad.
Lamento mi incapacidad para conseguir votos
durante aquella asamblea universitaria. Digo esto porque en muchos momentos el
campo universitario se adelantó a lo que después pasaría con el resto de la
sociedad. Quizás, si en aquel momento nos pronunciábamos en contra de los que
habían sido funcionarios de la dictadura, podríamos haber contagiado al campo
político para que hiciera lo mismo. De esa manera no hubiésemos tenido que
soportar a tantos filodictatoriales que ocuparon puestos públicos, como Annuar
Jorge (el empresario dueño de un diario que llegó a ser senador por la UCR) o
dos integrantes del Superior Tribunal de Justicia: Clara Falcone (UCR) y Sergio
Jenefes (hermano del actual vicegobernador), quienes fueron, respectivamente,
directora de Cultura de la Municipalidad de San Pedro y director de Tierras
Fiscales y Subsecretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad, en los oscuros
años de la dictadura.
***
Por todo esto, está bien la acción de
Gerardo Morales al cuestionar el ascenso del jefe del Ejército, César Milani,
quien está acusado, entre otras cuestiones, por la desaparición del conscripto
Alberto Agapito Ledo que, en el año 1976, había sido incorporado al Batallón de
Ingenieros de Construcciones 141. Estaría muy bien que algún político
promoviera una investigación sobre las desapariciones de dos colimbas –Mario
Ivar Flores y Aníbal Dante Tosi– que ocurrieron en Jujuy, también en tiempos de
la dictadura. Desapariciones que están registradas en varias libros, por el
vínculo familiar de su autor recomiendo al El escuadrón
perdido de José Luis D’Andrea Mohr, tío abuelo de Diego D’Andrea Cornejo, quien hoy es uno de los defensores
de Carlos Pedro Blaquier. Es decir, otro abogado que postergó el compromiso
familiar.