martes, 23 de julio de 2013

Políticos, compromisos y memorias de la represión dictatorial en Jujuy

LUCHA DE CALLES. Los 90 x Gonzálo Vilca
Está bien la acción del senador Gerardo Morales: aquellos que tuvieron participación activa vinculada a la violación de los Derechos Humanos en la última dictadura no pueden ocupar cargos en el Estado democrático. Hace uno años, él también cuestionó un pedido de ascenso de Rafael Braga, hoy condenado a cadena perpetua por los crímenes que cometió en Jujuy, cuando era teniente, Braga fue el responsable directo de la detención y posterior desaparición de Julio Rolando Álvarez García. ¿Estas acciones son suficientes para afirmar que nuestra clase política se encuentra comprometida con los trabajos de la memoria?

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A mediados de los ochenta, Gerardo Morales, por entonces líder indiscutido de Franja Morada, fue elegido por amplia mayoría, presidente de la Federación Universitaria de Jujuy (FUJ). Por aquellos años, algunos dirigentes que ahora forman parte del Partido Justicialista (PJ), militaban en la agrupación universitaria de la Unión Cívica Radical, en la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy, con el título de Contador y con mala memoria, uno de ellos es candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV).
En el congreso de constitución de la primera FUJ, los que formábamos parte de la minoría (integrada por intransigentes y peronistas que nunca sacamos los pies del plato, aunque una vez nos expulsaron del PJ) presentamos una moción para que aquellos que fueron funcionarios de la dictadura no integren el gobierno de la Universidad Nacional de Jujuy. Los muchachos de la Franja, por alguna razón que nunca explicitaron, se opusieron. Como no había opción para discutir, ellos solicitaron votar la moción. Tenían los votos suficientes por ser mayoría, pero nosotros solicitamos que la votación sea nominal y cantada. Queríamos que no quedaran dudas de la posición de cada uno. Y, créanme, no quedaron dudas.
Después, ya sabemos lo que pasó. Gerardo (permítanme la confianza, ya que lo conozco desde aquella remota juventud) hizo carrera como legislador provincial y nacional. La tarea que realizó en mantener en la línea de flotación a la UCR fue muy importante: cuando nadie quería hacerse cargo del desastre que dejó Fernando De la Rúa, él tomo el mando y salvó la ropa.
Pero volvamos a los ochenta. En aquella primavera alfonsinista, llegó a Jujuy, como jefe de un regimiento, un militar imputado como responsable de la desaparición de un soldado. El hecho está narrado en el libro de Guillermo Obiols, La memoria del soldado. Sin embargo, ningún político local lo denunció.
Entre 1984 y 1986 funcionó, en la legislatura provincial, una comisión extraordinaria para registrar casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Esa comisión estuvo presidida por Antonio Casali (UCR) pero se diluyó por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Posteriormente, Casali brindo testimonio en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy y sus argumentos no estuvieron a la altura de la circunstancias.
Próspero Nieva (UCR), Gregorio Horacio Guzmán y María Cristina Guzmán (Movimiento Popular Jujeño y funcionarios durante la dictadura) formaron parte de los 124 legisladores que el 23 de diciembre de 1986 aprobaron la ley de Punto Final. Julio “Pampero” Álvarez García, detenido-desaparecido, era sobrino de Nieva; cuestión que puso en apuros al legislador radical: la ley defendía, entre otros, a los torturadores y asesinos de su pariente. El hecho muestra cómo algunos políticos privilegian la disciplina partidaria antes que el compromiso familiar y social.
Durante los noventa, ningún político local se interesó por las atrocidades cometidas durante la dictadura o, al menos, no lo hizo públicamente. Es más, en febrero de 1996, Carlos Alfonso Ferraro, quien había sido director provincial de Prensa en la dictadura, asumió como gobernador. Y no sólo eso: también fue elegido presidente del PJ de Jujuy. Los únicos que protestaron fueron los integrantes del Frente de Gremios Estatales y los estudiantes que chiflaron a María Inés Haquím, esposa de Ferraro que había sido nombrada directora del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La sacó barata el ex funcionario dictatorial: fue condenado por el delito de violación de los deberes de funcionario público con una pena menor.
La falta de preocupación acerca de los DDHH, por parte de la clase política de Jujuy, se evidenció públicamente el 10 de octubre de 2002. Ese día, en los dos diarios locales, el gobierno provincial publicó un aviso institucional en el que anhelaba “que los actos universales de la humanidad estén contenidos en el respeto a la vida, la justicia, la paz y la democracia”. En la primera línea, con letras más grandes, el aviso decía: “10 DE OCTUBRE: DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS” (sic). Es decir, se adelantaron dos meses a la fecha de conmemoración. No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta del lugar que ocupa la problemática en cuestión en la agenda de los funcionarios del gobierno de Jujuy. ¿Qué hizo la oposición? Mutis por el foro.
En el 2003, y de manera tardía, en Jujuy se desarrollaron las audiencias públicas por el Juicio por la Verdad. El único político que acompañó de manera activa fue Pablo Baca (UCR). Por entonces, los medios de comunicación emitidos en Buenos Aires tenían sus agendas ocupadas por otras cuestiones y nuestros políticos trataban de acomodarse a esos dictámenes.
Hace diez años, después de una feroz represión en Libertador General San Martín en la que murió Marcelo Cuéllar, renunció el jefe de la policía provincial, Carlos Carrizo Salvadores, actualmente procesado en la causa de la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en Catamarca durante la dictadura. Como se imaginarán, ningún político local cuestionó la designación que antes había realizado el gobernador Eduardo Fellner (PJ), tampoco éste respondió a la declaración de amor con la que Carrizo Salvadores se despidió: “Fellner es un gobernador de lujo”.
Justo es decir que la Legislatura local sancionó, en el 2007, la Ley Nº 5516 referida al “Día Provincial de los Derechos Humanos en la Provincia de Jujuy”, proyecto que fue presentado por Pablo Baca y Miguel Tito (PJ), que posibilita, en los actos escolares, rememorar el 20 de Julio como el día del primer apagón que ocurrió en Libertador General San Martín y compromete seriamente a la relación de la empresa Ledesma con los secuestros y desapariciones ocurridos en julio de 1976.
No casualmente, en tiempos más recientes, en un allanamiento a oficinas de la empresa Ledesma personal de la Justicia descubrió nóminas con personas consideradas peligrosas para la empresa. ¿Hace falta aclarar que el peligro, para Ledesma, significa denunciar la complicidad empresarial con la dictadura? No recuerdo haber visto el nombre de ningún político, cuestión que no debe sorprendernos porque casi todos acompañaron, en algún momento, el acto oficial de inicio de la zafra.
La designación del comisario Marcelo Alejandro Voros, como jefe de la Policía Federal delegación Jujuy, fue denunciada inicialmente por el portal de noticias La Voz de Jujuy y no por ningún político. Recordemos que Voros es uno de los imputados por la presunta participación en la fuga del represor Julián "Laucha" Corres, quien se “escapó” de la delegación de la policía federal de Bahía Blanca. Rápidamente, los organismos de Derechos Humanos de Jujuy solicitaron y lograron la remoción de Voros.
El pasado 25 de Mayo, en Tilcara, desfiló un pelotón tras el banderín que destacaba “Operativo Independencia. En el palco estaba la plana mayor del radicalismo que reaccionó tarde –muy tarde– y varios días después repudió el paso militar que marchó frente a sus propias narices. Ese día, Próspero Nieva, Gerardo Morales, Alberto Bernis y Mario Fiad estaban más preocupados en “blanquear” la imagen del intendente Félix Pérez, quien días antes había cometido el exabrupto de afirmar que jóvenes tilcareños son semillas mal engendradas que necesitan mano dura; de esa manera, el intendente respondía las denuncias de padres de jóvenes detenidos, quienes denunciaron a la policía local por malos tratos y abuso de autoridad.
Lamento mi incapacidad para conseguir votos durante aquella asamblea universitaria. Digo esto porque en muchos momentos el campo universitario se adelantó a lo que después pasaría con el resto de la sociedad. Quizás, si en aquel momento nos pronunciábamos en contra de los que habían sido funcionarios de la dictadura, podríamos haber contagiado al campo político para que hiciera lo mismo. De esa manera no hubiésemos tenido que soportar a tantos filodictatoriales que ocuparon puestos públicos, como Annuar Jorge (el empresario dueño de un diario que llegó a ser senador por la UCR) o dos integrantes del Superior Tribunal de Justicia: Clara Falcone (UCR) y Sergio Jenefes (hermano del actual vicegobernador), quienes fueron, respectivamente, directora de Cultura de la Municipalidad de San Pedro y director de Tierras Fiscales y Subsecretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad, en los oscuros años de la dictadura.
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Por todo esto, está bien la acción de Gerardo Morales al cuestionar el ascenso del jefe del Ejército, César Milani, quien está acusado, entre otras cuestiones, por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo que, en el año 1976, había sido incorporado al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141. Estaría muy bien que algún político promoviera una investigación sobre las desapariciones de dos colimbas –Mario Ivar Flores y Aníbal Dante Tosi– que ocurrieron en Jujuy, también en tiempos de la dictadura. Desapariciones que están registradas en varias libros, por el vínculo familiar de su autor recomiendo al El escuadrón perdido de José Luis D’Andrea Mohr, tío abuelo de Diego D’Andrea Cornejo, quien hoy es uno de los defensores de Carlos Pedro Blaquier. Es decir, otro abogado que postergó el compromiso familiar.


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